La violencia y la criminalidad no aparecen de manera espontánea ni se explican únicamente por factores individuales. Son fenómenos complejos, profundamente relacionados con condiciones estructurales, pero también con la fortaleza o debilidad de los vínculos familiares. Reflexionamos mucho sobre este tema, especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir en Guatemala, donde los índices de violencia siguen afectando de manera directa la vida cotidiana. Por tanto, resulta indispensable volver la mirada a la familia como el primer espacio de prevención.

La familia intacta y funcional cumple un rol insustituible en la formación del carácter, la transmisión de normas y la contención emocional. Diversos registros del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil muestran que una proporción significativa de hechos violentos involucra a jóvenes como las víctimas. Los siguientes datos muestran con claridad que los jóvenes y adolescentes tienen tasas de homicidio mucho más altas que el promedio nacional.

Si existen adolescentes y jóvenes que crecen en entornos marcados por la ausencia de uno o ambos padres, la desintegración familiar o la falta de supervisión adulta, las estadísticas sociológicas nos demuestran que, en su mayoría, están más expuestos a ser víctimas de violencia. Esto no implica una condena automática, pero sí revela un patrón que no puede ser ignorado en el diseño de políticas de prevención.

Desde la primera infancia, el hogar es el espacio donde se aprenden límites, respeto a la autoridad, manejo de la frustración y resolución pacífica de conflictos. Cuando estos aprendizajes fallan o están ausentes, la probabilidad de que niños y adolescentes busquen referentes fuera del ámbito familiar, muchas veces en entornos violentos o criminales,  aumenta de manera considerable. Datos del Observatorio de la Violencia del CIEN y de la UNODC confirman que la exposición temprana a violencia intrafamiliar y comunitaria incrementa el riesgo de involucramiento posterior en conductas delictivas.

Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian la magnitud del problema de la violencia intrafamiliar en Guatemala. En 2022 se reportaron más de 36 000 casos, la cifra más alta desde que se tiene registro comparable en 2008, confirmando una tendencia creciente sostenida en los últimos años. Este aumento no solo refleja una mayor denuncia, sino también la persistencia de entornos familiares marcados por conflictos, agresiones y rupturas que afectan directamente a niños y adolescentes. Dentro de estos hechos, los grupos etarios entre 11 y 20 años presentan tasas significativas de exposición a la violencia intrafamiliar, una etapa crítica para el desarrollo emocional, la formación del carácter y la construcción de proyectos de vida.

La evidencia académica coincide en que la exposición crónica a la violencia en el hogar constituye un factor de riesgo relevante para el desarrollo de conductas antisociales en la juventud. Estudios regionales citados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que los jóvenes que crecen observando violencia de pareja o dinámicas familiares violentas tienen mayor probabilidad de replicar esas conductas en sus relaciones personales o de verse involucrados en trayectorias delictivas, especialmente cuando existen antecedentes de encarcelamiento de familiares cercanos. La presencia de violencia intrafamiliar, combinada con la ausencia de referentes adultos estables y supervisión adecuada, incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes frente a entornos criminales.

Estas conclusiones también se reflejan en investigaciones comunitarias y estudios cualitativos realizados en barrios de Guatemala y otros países de la región. Líderes comunitarios y vecinos identifican de manera recurrente que muchos jóvenes vinculados a pandillas provienen de hogares con violencia intrafamiliar, negligencia, separación parental o disfunción familiar persistente. No se trata de una relación automática ni determinista, pero sí de un patrón observado de manera consistente, que refuerza la necesidad de fortalecer a la familia como primer espacio de protección, prevención y contención frente a la violencia estructural y criminal.

La prevención desde la familia no se limita a la vigilancia, sino a la construcción de relaciones estables y coherentes. La presencia activa de padres comprometidos, la comunicación constante y la transmisión clara de valores fortalecen la resiliencia de los hijos frente a contextos adversos. Incluso en escenarios de pobreza o inseguridad, los hogares con estructuras familiares sólidas muestran una mayor capacidad de protección frente a la violencia estructural.

Asimismo, la familia cumple una función clave como primer detector de riesgos. Cambios bruscos de conducta, abandono escolar, consumo temprano de alcohol o drogas y vínculos con grupos violentos suelen manifestarse primero en el entorno familiar. Cuando el hogar está fragmentado o debilitado, estas señales pasan desapercibidas, facilitando la escalada hacia la criminalidad.

Para concluir, cualquier estrategia integral de prevención de la violencia debe reconocer que fortalecer a la familia no es un aspecto accesorio, sino un eje central. Las políticas públicas que ignoran el papel de la familia o la consideran irrelevante están destinadas a ser incompletas. Invertir en la estabilidad familiar es invertir en seguridad, cohesión social y desarrollo humano sostenible.