Corresponsabilidad en la protección de la familia

Hace una década, FADEP publicaba la Reseña de políticas públicas que afectan a la familia en Guatemala, en la cual se enfatiza la relación entre el desarrollo social y el bienestar de los entornos familiares; lo cual permanece y seguirá siendo indiscutible en cualquier temporalidad tomando en cuenta los incontables beneficios que aporta toda familia a una sociedad en general.

La familia, como se refiere en la publicación mencionada, “debe ser considerada un bien público y el modelo de toda organización social” (Molina, 2011) ya que el entorno familiar es el contexto apropiado para el desarrollo integral de un ser humano en cada una de sus etapas de crecimiento. Es allí donde desarrolla sus capacidades físicas, habilidades afectivas y sociales y donde aprende valores morales que definirán su desempeño dentro de la sociedad.

El concepto Capital Familia alude a la capacidad inherente a la unidad familiar de crear el capital humano imprescindible para la prosperidad de una sociedad; es decir, partiendo de la individualidad de cada ser humano con un desarrollo pleno dentro de un entorno familiar, se generan beneficios colectivos en el ámbito social, económico, productivo, etc. que representan oportunidades de desarrollo común.

Dicho concepto reafirma el planteamiento de la estructura familiar como un modelo de organización social por el papel que representa en el desarrollo de las destrezas y competencias de cada uno de sus miembros, los cuales se desempeñarán como ciudadanos, profesionales y también como padres de familia. Es, además, por medio de la disciplina y educación familiar, que los seres humanos asimilan y forjan un comportamiento social adecuado que contribuye al bien común.

El fortalecimiento de las estructuras familiares, garantiza la supervivencia de la vida en sociedad.

Los beneficios que representa una familia funcional a la sociedad son innumerables, por lo que en diferentes países se han implementado programas sociales o políticas públicas que favorecen a su bienestar. Un ejemplo de éxito es el Plan de Acción para la Protección de la Familia implementado en Hungría en el 2019; en China se han establecido medidas beneficiosas para las familias con el objetivo de aminorar los desafíos demográficos a los que se enfrentan; y por último, la Política Pública en Defensa de la Vida y la Institucionalidad de la Familia, implementada recientemente en Guatemala.

La Política Pública en Defensa de la Vida y la Institucionalidad de la Familia, establece en Guatemala un marco de orientación para las acciones implementadas desde el gobierno guatemalteco para afrontar diversas problemáticas sociales en relación a la vida y la familia, reconociéndole como el “elemento natural y fundamental”, además de atribuirle el derecho a ser protegida dentro desde el Estado y dentro de la sociedad.

Sin embargo, la protección de la estructura familiar es esfuerzo compartido entre el sector público, el sector privado y la sociedad en sí. Es decir, para lograr resultados exitosos y efectivos en la implementación de toda política social con enfoque de familia es necesario involucrar a todos los sectores que influyen en el desempeño de las estructuras familiares.

El Estado es el principal responsable de garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia, así como de asegurar el cumplimiento de sus derechos y el bienestar de todos sus integrantes por medio del establecimiento de programas sociales que proporcionen medios de subsistencia familiar, incluyendo una vivienda digna, oportunidades de empleo o de generación de recursos monetarios, alimentación adecuada especialmente para los menores, acceso a servicios de salud, educación, etc. Diversas investigaciones han demostrado los resultados positivos de invertir en la mejoría de condiciones de vida familiar, por ejemplo: reducción de índices de delincuencia, estabilidad del sistema económico, sostenibilidad de las condiciones demográficas, etc.

Con anterioridad, también hemos mencionado la relevancia de la implementación de medidas que faciliten la conciliación familiar y laboral desde el sector privado para los padres de familia, además de proveer condiciones de trabajo dignas como un horario laboral adecuado, salarios y prestaciones salariales coherentes con lo estipulado en la ley. El cumplimiento de la responsabilidad social del sector empresarial es también imprescindible para la efectividad de políticas públicas enfocadas al desarrollo de la familia por su contribución en el esfuerzo integral que las mismas requieren.

“La familia no está en función de la sociedad y del Estado sino por el contrario
estos están en función de ella y de su autodeterminación.”

FADEP, 2011

Como último aspecto, la sociedad figura un papel determinante en la protección de la familia ya que es dentro de ella donde se desempeñan sus miembros y generan las condiciones que influyen en su desarrollo como los valores culturales, la interacción social, las prácticas religiosas, etc. La vida en sociedad garantiza el goce de derechos humanos, así como también atribuye responsabilidades y compromisos para garantizar el bien común.

La protección de la familia es imperante para la sostenibilidad y prosperidad de toda sociedad y requiere del compromiso de todos los sectores para que se garantice el bienestar de las familias guatemaltecas. Las estructuras familiares sólidas representan una herramienta importante para enfrentar diferentes problemáticas que limitan el desarrollo integral del país, ya que las mismas son imprescindibles para la creación de capital humano y social, además de fomentar una sociedad valerosa y sostenible.