Según datos de la Secretaría de Protección Social de la Presidencia, en Guatemala hay al menos 5,000 menores institucionalizados que se encuentran en hogares públicos o privados ya que requieren de la protección del Estado luego de estar involucrados en casos de violencia intrafamiliar. Además, a esta cifra debemos sumar la gran cantidad de menores sin hogar que también requieren de medidas de protección por su condición de vulnerabilidad.
Todo gobierno está obligado a reconocer, promover y proteger los Derechos Humanos de los niños y tomarlos como prioridad en las decisiones políticas y legislativas. La vida familiar, siendo un factor determinante para todo ser humano, es, en el caso de la infancia, aún más importante, ya que por su vulnerabilidad, tienen más necesidades de cuidados, apoyo y protección que deben ser atendidas en un entorno familiar para garantizar su desarrollo integral. Por ello, el derecho de crecer dentro de una familia debería ser una realidad para cada niño.
Las familias de acogida, sean parientes de los menores institucionalizados o personas ajenas, son una figura prioritaria de protección, apoyo y acompañamiento para los niños que son separados de sus padres o tutores legales. Se ha demostrado que, reincorporar a los menores en condición de vulnerabilidad a un ambiente familiar, les favorece y contribuye a su crecimiento integral en mejor medida que refugiarlos en un centro de tutela temporal, ya que el desarrollo de sus capacidades psicológicas, sociales, afectivas, etc. depende de vivir en un entorno familiar propicio.
En Guatemala, el Acogimiento Familiar Temporal “es una medida de cuidado alternativo que se ejecuta con el objetivo de proveer un entorno familiar seguro y afectuoso de manera temporal a niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su núcleo familiar por encontrarse en situaciones de riesgo, e ingresan al Sistema de Protección y Abrigo, o se encuentran bajo la tutela del Estado a través de hogares públicos y privados”. (Buckner)
Preservar el derecho de crecer en un entorno familiar de los menores bajo la tutela del Estado genera la estabilidad de la cual probablemente carecían en el ambiente del cual fueron apartados, además de facilitar su integración social mediante una convivencia e interacción familiar afectiva, además del acompañamiento apropiado durante el proceso.