El pasado 22 de septiembre, el matutino Prensa Libre publicó un artículo sobre el aborto en Guatemala, mostrando datos y estadísticas de dudosa procedencia dado que se trata de abortos que ocurren en la clandestinidad. El artículo cita a una organización guatemalteca denominada Observatorio de Salud Reproductiva, la cual indica que en nuestro país ocurren unos 65 mil abortos inducidos cada año, tomando como referencia un estudio del Instituto Guttmacher: organización proabortista a la cual nos referiremos más adelante. Es necesario enfatizar que no hay certeza sobre las cifras reales de los aborto realizados en el país. Pueden haber estimaciones, pero las mismas no son exactas debido a que en Guatemala el aborto es penalizado por la ley, teniendo únicamente como excepción si la salud de la madre está en riesgo de muerte. Por lo tanto, los médicos no reportan haber realizado algún aborto ni las mujeres indican si se lo han practicado, puesto que en ambos casos se estaría cometiendo un delito.
Sin embargo, con el objeto de lograr que el Congreso apruebe una ley a favor del aborto (aunque ello implique la muerte de un ser inocente), se han hecho algunos estudios como el anteriormente referido. El Instituto Guttmacher, en un estudio llamado Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala, publicado en el año 2006, indicó que cada año se practican 65,000 abortos inducidos, lo cual se traduce en una tasa anual de 24 abortos por 1,000. De dicho estudio también se dedujo el costo de un aborto, el cual puede variar entre los 60 quetzales (US$8) que paga una mujer rural pobre por los productos más baratos para autoinducírselo, hasta aproximadamente 3,800 quetzales (US$491) que paga una mujer urbana con mejores ingresos a un médico privado por un procedimiento seguro. El objetivo principal es incrementar las cifran, para establecer que existe una gran demanda de abortos y argumentar el acceso al aborto legal en los países en desarrollo.
En un artículo publicado en el año 2012 por el científico Elard Koch y otros médicos y académicos chilenos se desacreditan por completo las cifras de abortos “inseguros” difundidas por el mencionado instituto proabortista, en varios países de América Latina. El estudio encontró que la metodología no es sólo científicamente errónea, sino poco profesional. Aunque el estudio se centra en analizar el informe del Instituto Guttmacher sobre sus estimaciones con relación a la cantidad de abortos que se realizan en Colombia, también advierte que en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Guatemala y República Dominicana, la metodología del Instituto Guttmacher también sobrestimó largamente la cifra de abortos. (Si desea profundizar más sobre el análisis del Dr. Elard Koch y sus colaboradores, hacer clic aquí).
Ante ello es necesario estar alerta ante una posible legislación en favor del aborto, considerando el estudio mencionado y tomando en cuenta que muchas veces los gobiernos se han visto presionados por la influencia de varias organizaciones internacionales que han exigido la despenalización del aborto, haciéndolo ver, erróneamente, como si fuera un problema de salud pública, de justicia y de la autonomía de la mujer ante un embarazo no planeado, es decir, el derecho a decidir. Ejemplo de ello es que en el año 2001, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dentro las observaciones finales sobre el informe que Guatemala presentó a la entidad con respecto a la aplicación del Primer Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que había entrado en vigor en febrero de ese año, señaló que Guatemala debe cambiar su Constitución y demás legislación vigente para permitir el aborto, aduciendo que es deber del Estado garantizar el derecho a la vida de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo, proporcionándoles la información y los medios necesarios para garantizarles sus derechos, y enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto, salvo peligro de muerte de la madre. Una solicitud exacta realizó dicho Comité, en las Observaciones finales sobre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el año 2009.
En Guatemala la vida está reconocida constitucionalmente dentro de la legislación guatemalteca desde el momento de la concepción, por lo tanto el aborto no puede ser permitido en ningún caso, puesto que en ningún momento la madre tiene derecho sobre la vida de su hijo. Son dos vidas distintas, con autonomía propia. Es necesario estar alerta, pues la comunidad internacional busca introducir el aborto en nuestro país.
