El término “Corrupción” se ha instalado en el ámbito político, en la vida cotidiana, en los medios de comunicación y en la opinión pública de la sociedad guatemalteca y de Latinoamérica en general. Sin embargo, a pesar de su repetitiva aplicación, persiste cierta ambigüedad en cuanto a su significado, lo que permite que se utilice indiscriminadamente en cualquier contexto. Juan José Gilli, en su artículo “La Corrupción: Análisis de un Concepto Complejo”, partiendo de la raíz etimológica del concepto de Corrupción, le determina como “la desnaturalización de un ente cuando éste actúa no regido por el fin que le impone su naturaleza, sino en función de un fin ajeno”. 

Este concepto comprende la corrupción como causa de la ineficiencia de los entes corrompidos al limitar sus competencias al provecho de intereses particulares. Es ese el fundamento de la damnificación que representa la corrupción dentro de toda sociedad actual; especialmente en países con democracias representativas, en los cuales el poder político procede de la ciudadanía pero no es ejercido por ella, sino por sus representantes electos por medio del sufragio. En otras palabras, la ciudadanía otorga su confianza a los representantes electos para que gobiernen al país de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional y en beneficio de toda la ciudadanía.  Sin embargo muchas veces traicionan esa confianza al buscar intereses particulares por encima del bien común.  En cuanto las entidades del sector público y sus representantes no obran en favor de los intereses de la ciudadanía, pierden su sentido; se puede decir que han sido corrompidas.

La corrupción es una problemática común en todo el mundo; prueba de ello es la más reciente publicación del Índice de Percepción de Corrupción 2022 realizado por Transparencia Internacional. En el documento se miden los niveles de percepción de la corrupción en el sector público en 180 países alrededor del mundo, calificándoles de 0 (corrupción máxima) a 100 (corrupción mínima). En la última edición de este índice, más de dos tercios de los países analizados han obtenido una puntuación inferior a 50 y la puntuación promedio ha sido de 43. Vale la pena mencionar también que 155 países no han mejorado su panorama respecto a la corrupción en las últimas 10 entregas anuales del IPC.  Algunos incluso han decaído desde el 2020, utilizando la pandemia mundial por Coronavirus como excusa, debido a la debilitación y en algunos casos, carencia de mecanismos de fiscalización que derivó la crisis sanitaria.

Centrando nuestra atención en los países de Latinoamérica, el panorama no es alentador: el país de la región que obtuvo la menor puntuación fue Venezuela, situándose en el puesto 177 de la lista con una calificación de 14 puntos. Nicaragua se encuentra solamente 10 puestos arriba con 19 puntos, seguido por Honduras con 23 puntos y Guatemala se encuentra en el puesto 150 con 24 puntos.

Así mismo, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, evaluado anualmente por Americas Society/Council of the Americas, en lugar de medir la percepción pública de la corrupción, evalúa la capacidad de los países de combatir la misma. Los países con calificaciones más altas tienen más probabilidades de enfrentar judicial y sistemáticamente las prácticas de corrupción, a diferencia de los países con puntuaciones más bajas, que presentan deficientes medidas para contrarrestarle. Este índice comprende solamente a los países de América Latina y se les califica en base a una gran cantidad de datos cuantitativos y cualitativos sobre sus sistemas políticos, judiciales, sociales y mediáticos.

En la edición del 2023 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, se sitúa a Venezuela en el último lugar del listado, en coherencia con la calificación brindada por Transparencia Internacional. En penúltimo lugar se encuentra Bolivia con una puntuación de 2.56. Guatemala obtuvo 2.86 puntos, situándole en el décimo tercer puesto de los 15 países analizados; y registrando el descenso más significativo de todo el listado de países en el 2023, con lo cual continúa su tendencia decadente de los últimos cuatro años.

Cabe resaltar la coyuntura política de Guatemala que se encuentra en medio de un proceso electoral en el que más de cuatro mil puestos de elección popular estuvieron en contienda para la primera vuelta realizada el reciente 25 de junio. Ahora, los guatemaltecos nos encontramos frente a la segunda vuelta, en la cual se elegirá al presidente y vicepresidente para el próximo período gubernamental.

En este negativo contexto, ¿Qué podemos hacer como sociedad civil?

Previo a cualquier acción, es imprescindible informarse objetivamente utilizando fuentes de información veraces. Tanto para ejercer el derecho al voto como para participar activamente dentro de la sociedad civil, contar con información certera es el primer paso para tomar decisiones acertadas para el futuro del país y para incidir positivamente en su desarrollo.

Al estar debidamente informado, se toma conciencia de la necesidad de participar activamente en la toma de decisiones del país. Como sociedad civil, somos responsables de fiscalizar las acciones que el sector público lleva a cabo para garantizar que se actúe de acuerdo a los intereses de la sociedad; ese es un factor determinante para promover transparencia en el sistema político de Guatemala.

Para finalizar, es fundamental resaltar el aporte de la familia en la educación de las futuras generaciones para fomentar una sociedad con valores, contraria a una corrompida. La realidad es que la corrupción está presente en todo ámbito, incluso en la vida cotidiana de los ciudadanos que arremeten contra el sistema de gobierno; sin embargo, ¿Existe realmente una persona exenta de haber cometido actos corruptos? Es en el ámbito personal donde comienza la transformación hacia una esfera política transparente y un verdadero Estado de Derecho.

Cada ciudadano guatemalteco tiene una responsabilidad con el futuro del país.  Al informarse y formar parte de los procesos de toma de decisión, promovemos un mejor ejercicio democrático, un gobierno más transparente y una Guatemala en la que todo ciudadano pueda desarrollarse integralmente.